¿Y la reforma judicial en los estados?

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 4 de marzo del 2020.

En mi última columna expuse que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la Suprema Corte afecta solo indirectamente a los tribunales estatales, pero que su reforma es indispensable si de verdad queremos una mejor justicia en el país. Van mis razones.

La organización judicial es una de las piezas que mejor revelan el diseño original —y las tensiones— del federalismo mexicano. Cada estado tiene su propio Poder Judicial. Y la Constitución general deja un amplio margen de maniobra en esta materia a cada entidad federativa. El resultado es que tenemos 33 sistemas judiciales diferentes en el país, incluyendo al Poder Judicial de la Federación. Entre ellos existen fuertes asimetrías, tanto sustantivas como presupuestales y de gestión. Algunos funcionan razonablemente bien, otros no.

Esto importa porque la justicia cotidiana pertenece mayormente al ámbito estatal. Ahí se resuelve la inmensa mayoría de los problemas familiares, mercantiles, civiles, administrativos y penales, a los que hay que sumar ahora los laborales. Los datos oficiales del Inegi muestran claramente que la mayor parte de los juicios inician y acaban a escala local.

Desde el siglo XIX existe un debate sobre la relación que debe existir entre la justicia local y la federal. Para unos, las debilidades de la primera justifican un control de los tribunales federales a través del amparo directo y otros mecanismos. Para otros es la tutela federal la que ha impedido el crecimiento robusto de la justicia local. Este es un debate secular, lleno de lugares comunes y pocos datos duros. Revela una tensión no resuelta del federalismo nacional: ¿debe intervenir la Federación en la organización judicial local?

Con independencia de lo anterior, desde hace años resulta urgente una reforma en la justicia estatal. Es mucho lo que hay que hacer, pero existen varias dimensiones críticas. Hay que crear condiciones que favorezcan la independencia de los poderes judiciales, en particular para asegurar su financiamiento estable y suficiente. También se necesita una carrera judicial completa a escala estatal, e incidir en la gobernanza judicial con instrumentos para mejorar la gestión, la supervisión y el combate a la corrupción. Otras cuestiones relevantes son avanzar en la paridad de género, la perspectiva de derechos humanos, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Todo ello abona, pero no es suficiente, sin una visión compartida a escala nacional.

El Senado puede optar por limitar su intervención al proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar o atreverse a generar una verdadera transformación en la justicia local, que al mismo tiempo sea deferente con el federalismo. De esta decisión depende, en buena medida, una verdadera trasformación nacional de la justicia.