¿Nacionalismo o patrimonialismo?

Artículo publicado en El País

México vive momentos difíciles. El gobierno actúa como partido y se dedica a beneficiar y proteger a los suyos. Muchos empresarios solo ven sus inmediatas ganancias. Los delincuentes—por cuenta propia o en asociación con funcionarios públicos y empresarios— avanzan en el control territorial y material del país. La geopolítica nos impone duras determinaciones. Nuestro principal socio avanza y retrocede en numerosos frentes y nos demanda actuar en consecuencia. Las finanzas públicas no crecen mientras que las privadas decrecen. Las tensiones sociales se incrementan porque todos piensan que el suyo es un reclamo auténtico que debe saldarse aquí y ahora. No son buenos tiempos para la República, la democracia ni la racionalidad jurídica. Sí lo son para el conspiracionismo y el agandalle.

Desde el gobierno —sus adláteres y corifeos colocados en diversas posiciones y portando distintas cachuchas—, se quiere imponer el discurso de la nacionalidad. Se pretende imponer la idea del auténtico, único, así como excluyente sentimiento y entendimiento de la patria de los propios, frente al rapaz, falso y utilitario de los ajenos. Las tendencias vocingleras han aumentado en estos días como resultado de un hecho concreto: la solicitud de detención provisional con fines de extradición de diez connacionales hecha por una fiscalía federal y un gran jurado estadounidenses. No por una invasión a nuestro territorio ni por una afrenta a nuestras autoridades. Tampoco por una solicitud formal de extradición ni por un congelamiento de activos nacionales o de nacionales mexicanos. Sencillamente por pedir que, conforme a un tratado bilateral, se detenga de manera provisional hasta por sesenta días, a diez mexicanos y hasta en tanto se ofrezcan pruebas para, en su caso, solicitar su extradición conforme a ese mismo tratado internacional.

La magnitud de la respuesta gubernamental no ha sido proporcional a lo solicitado. Ante lo que pudo haber sido una negativa directa o una pertinente aclaración técnica, se ha levantado un discurso nacionalista. Han salido a relucir las viejas frases del soberanismo y la no intervención, en lugar de argumentos jurídicos y respuestas serias. Lo dicho y escenificado en las últimas semanas busca concitar a una lucha contra un imperio abstracto, y no la presencia de una nación frente a su vecino fronterizo en momentos en los que se juega la viabilidad de un tratado del que en los próximos años depende la subsistencia de muchos mexicanos.

La convocatoria para enfrentar al osado enemigo ha descansado en figuraciones de diverso tipo. Se trata de un arco narrativo que parte de la cultura de nuestros pueblos originarios y continúa con las afrentas derivadas de la guerra de 1847, las limitaciones atribuidas a Bucareli o las acciones de la CIA. Más allá de la eficacia interna de tales discursos, en la presente relación bilateral con los Estados Unidos, sus efectos externos no han sido —ni parece que serán— de importancia. Por una parte, porque no alterarán las condiciones de negociación del tratado comercial que ya comenzaron; por otra, porque Estados Unidos decidió actuar con el Tratado de Extradición y espera que nosotros lo hagamos en consecuencia.

Para cualquier país debe ser difícil recibir como respuesta a las pretensiones hechas con base en un tratado bilateral, discursos sobre la soberanía nacional. Creo que, ante tales argumentos, considerará que fue precisamente en ejercicio de esa soberanía que se firmó el tratado bilateral que sustenta la solicitud. Supongo también que las respuestas soberanistas le confirmarán al solicitante de las extradiciones sus sospechas sobre la calidad de las personas requeridas y del régimen requerido.

Cuando la presidenta Sheinbaum nos convoca a lidiar con valor por las afrentas a nuestra soberanía, está dejando de considerar que uno de sus más importantes atributos es la aplicación de sus propias normas en los términos en que ellas establezcan. Que ello se traduce en que los órganos competentes conforme al derecho nacional deben llevar a cabo las conductas previstas en las normas nacionales a fin de que se surtan las consecuencias que ellas mismas prevén, no como parte de un mecanicismo o fetichismo jurídicos, sino como realización de las condiciones de producción democrática del orden jurídico nacional. ¿Qué puede haber más soberano que lograr que los supuestos y las consecuencias de las normas nacionales alcancen su más plena aplicación por parte de sus propios órganos jurídicos?

Las actuales autoridades mexicanas, en todos los niveles y todas las competencias, tienen la posibilidad de lograr que el orden jurídico nacional se despliegue en las condiciones en las que está previsto. Que las conductas ilícitas se sancionen conforme a lo que dispongan las normas jurídicas. Que se abran los procesos en las condiciones previstas por las normas para quienes sean acusados por la comisión de delitos. Que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sancionen a quienes sean encontrados culpables solo con base en lo que dispongan las normas emitidas por los órganos competentes de nuestro soberano país, sin interferencias de quienes ocupan u ocuparon cargos públicos distintos a los vinculados con la justicia.

Las defensas que en el país se están llevando a cabo ante las pretensiones de detención provisional —que todavía no extradición— de diez servidores o exservidores públicos, se han producido porque las autoridades de los Estados Unidos estiman que en México no se han abierto las investigaciones ministeriales ni los procesos judiciales que, conforme a nuestro soberano orden jurídico, debían haberse verificado. Lo que las autoridades estadounidenses le están reclamando a las mexicanas no es la aplicación de su orden soberano, sino su no aplicación en las condiciones que él mismo establece. El que, ante los señalamientos sobre la posibilidad de que diversos servidores y exservidores públicos hayan cometido delitos, no se les haya investigado en los términos que las leyes mexicanas prevén.

Las respuestas nacionalistas que nuestro gobierno ha dado no están sustentadas en las normas nacionales. Quienes no cuentan con capacidades jurídicas para determinar culpabilidades o inocencias, han emitido sus propios juicios. Quienes no tienen capacidad para solicitar pruebas, las han exigido hasta sustituirse en fiscales y jueces. Quienes debieran estar actuando en un expediente con las formalidades del derecho nacional y de un tratado bilateral, han invocado sentimientos.

El nacionalismo que nos legitima a actuar conforme a nuestras propias normas ha sido sustituido por un patrimonialismo gubernamental. La soberanía que descansa en la aplicación del orden jurídico mexicano en las condiciones por él previstas ha sido trastocada para depender de meras decisiones personales. La soberanía que el pueblo de México quiso establecer en las normas de su orden jurídico, ha sido sustituida por el patrimonialismo ejercido por sus actuales autoridades gubernamentales.