¿La constitución transformada? (3ra. parte)

Las elecciones de 2018 fueron expresión del malestar con las promesas democráticas. Durante la transición mexicana se ofrecieron derechos, seguridad y desarrollo. El resultado fue crecimiento limitado, desigualdad, violencia y corrupción. Como en otras latitudes, los “partidos tradicionales” fueron rebasados por el desencanto. El presidente López Obrador ofreció un nuevo horizonte, la 4T, de contornos inciertos y pocas definiciones claras.

Más allá del discurso, la 4T requiere de un nuevo marco de acción legítima. Su construcción pasa por un nuevo arreglo constitucional que, en varias dimensiones, entra en tensión con el que se creó entre 1976 y 2018. Los derechos, el arreglo institucional, el federalismo, el diseño de la democracia, el papel del Estado en la economía y la laicidad son temas que han sido y seguirán siendo rediseñados. Van algunos elementos para la reflexión.

Existe una fuerte tensión entre la garantía de los derechos y el combate a la violencia y la corrupción. Por un lado, la presunción de inocencia tiende a desdibujarse frente a la “necesidad” del castigo ejemplar. Por otro, la constitucionalización de la Guardia Nacional (que en el texto es civil, pero en los hechos militar) y el nuevo papel de las fuerzas armadas en la gobernanza cotidiana son un dato que no puede minimizarse en el arreglo político futuro del país.

En materia de división de poderes observamos pocos cambios normativos, pero un balance diferente. El Ejecutivo Federal vuelve a tener un papel protagónico y definitorio. A esto contribuyen dos factores. Por un lado, la mayoría que tiene Morena en el Congreso le permite legislar con negociaciones marginales. Por el otro, que el gobierno ha podido designar —con mayor o menor legitimidad— a las cabezas de los órganos autónomos y a los ministros de la Suprema Corte, alineando así visiones y decisiones.

El papel de la Suprema Corte, como árbitro último de los conflictos políticos, tenderá a diluirse, pues el Presidente de la República volverá a desempeñar esta función y el resto de los poderes tendrá menores incentivos para recurrir a ella.

El arreglo federal pasa por uno de sus peores momentos, resultado de años de decisiones erráticas en la distribución de competencias y los recursos. Aquí existe una fuerte tensión. Por una parte, se prolonga la tendencia a centralizar las decisiones y los recursos. Por la otra, las entidades federativas comienzan a desempolvar el uso de sus facultades impositivas, alterando con ello el arreglo fiscal que subsistió durante décadas.

Finalmente, resta saber cuál será el devenir de los derechos sociales. Aquí encontramos un balance mixto. Por un lado, buenas noticias como el incremento a los salarios mínimos. Por otro, los nuevos programas sociales en salud y combate a la pobreza dejan, al menos en este primer año de gobierno, saldos negativos.

La vía para construir legítimamente un nuevo arreglo constitucional no es clara. ¿Se optará en 2022 por el camino de un constituyente? ¿Se mantendrá la tendencia de cambios graduales? ¿O será el recurso a la renovada consulta popular la que legitimará los cambios cuando la vía “ordinaria” resulte demasiado compleja? Quizá, en el fondo, el presidente López Obrador tiene razón cuando dice que, en los hechos, ya tenemos una nueva Constitución.

Artículo publicado en el periódico Milenio el 8 de enero de 2020.