La censura disfrazada de justicia

Artículo publicado en Milenio

En los últimos días se han hecho públicos varios casos que revelan una preocupante estrategia para silenciar a periodistas a través de los tribunales. Se trata de jueces locales que, invocando figuras como el “daño moral” o la “incitación al odio”, dictan medidas que restringen el ejercicio del periodismo. Hay que decirlo: los jueces están actuando como censores del poder político.

El caso del periodista Héctor de Mauleón es paradigmático. Publicó una columna en el periódico El Universal, donde revelaba posibles vínculos entre actores políticos de Tamaulipas y actividades ilegales. El Tribunal Electoral local le impuso medidas cautelares que le prohíben escribir sobre el tema y ordenó retirar la columna de la web. Más que evitar daños o mantener un estado de cosas —que es el propósito de las medidas cautelares—, esta decisión vulnera sin pudor los principios fundamentales del ejercicio de la libertad de expresión.

La semana pasada, en Campeche, una jueza vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez (ex director del portal Tribuna), tras acusarlo de incitación al odio y la violencia contra la gobernadora Layda Sansores. Además, ordenó el cierre de la plataforma digital y le prohibió ejercer el periodismo durante dos años. ¡Todo ello sin sentencia firme! En una acción distinta, otro juez le impuso el pago de una indemnización de dos millones de pesos por presunto daño moral al director de Comunicación Social estatal.

A todo esto se suma una reforma al Código Penal de Puebla que tipifica como delito de “ciberasedio” el insulto en redes sociales a otra persona, cuando ello le cause un daño a la integridad física o emocional. Así, con el argumento de frenar la violencia digital, se abre la puerta a criminalizar expresiones molestas para los gobernantes.

Estas decisiones son profundamente regresivas. Ignoran la robusta jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha sostenido con toda claridad que los servidores públicos, por ocupar una posición de poder y decisión sobre asuntos de interés colectivo, están sujetos a un mayor escrutinio y deben tolerar un umbral más amplio de crítica, incluso si esta es severa, incómoda o hiriente. En palabras del propio tribunal, quien acepta un cargo público “asume voluntariamente una mayor exposición frente al debate público” (Cuadernos de Jurisprudencia. Libertad de expresión y periodismo en sistemabibliotecario.scjn.gob.mx).

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Los jueces, por mandato constitucional, tienen la obligación de garantizarla y protegerla. Usar el aparato judicial para acallar voces críticas erosiona la democracia, debilita el ejercicio de las libertades y envía un mensaje de miedo e intimidación. No debemos permitir que se normalice la mordaza judicial. Defender la libertad de expresión es, hoy más que nunca, una obligación democrática.