Fiscalía privada de la República

Artículo publicado en La Silla Rota, el día 7 de marzo de 2022.

La Fiscalía General de la República está privatizada, ha dejado de servir a los intereses generales.

Ha dejado de servir a los intereses generales de la procuración de justicia para estar al servicio de los intereses personales de su titular. Desde su posición de poder e influencia se dirige a sus subordinados para gestionar sus asuntos privados. Desde su posición de influencia consigue tratos privilegiados de otras fiscalías de la judicatura.

¿Conseguiría un trato como el que se le da para sus asuntos particulares si no ejerciera el cargo que ostenta?

Ha rebasado incluso los terrenos, también indebidos, de una fiscalía militante cuyo horizonte estaría en un proyecto político. El infame ejercicio de la acción penal contra científicos, la ridícula acción contra Adriana Urrea, dirigente del Sindicato de Notimex, las acciones dirigidas contra el ex consejero jurídico de la Presidencia, van generando una cadena de acciones que configuran un cuadro del manejo faccioso y convenenciero del poder.

Lo que cotidianamente se observa es el trágico espectáculo, descarnado y cínico del poder cuya brújula es la ambición, la venganza, el intercambio de favores.

Al estar ausente la autocontención y los límites externos que debieran provenir de la política o de la judicatura, se posibilita la doble privatización: aquella que somete a una institución a las apetencias de una persona, y, aquella que priva a la República de lo que debiera ser una institución que actúe de manera objetiva, imparcial y eficaz en el combate al crimen y para dotarnos de seguridad como bien público.

La apropiación de la Fiscalía es también expresión de un proceso de descomposición. Si alguna vez su nombramiento formó parte de un proyecto político, la situación actual es de extravío. Un poder sin horizontes ni funcionales, ni ideológicos.

Como en todo proceso de descomposición, la vinculación orgánica de manera explícita se ha reivindicado con el actual proyecto del ejecutivo, contamina al cuerpo. Por una parte, socava la base misma en la que se ostenta la legitimidad (la ética, el combate a la corrupción, el apego a la legalidad, la terminación del influyentismo); por otra, cuestiona la capacidad de hacerse responsable del nombramiento.

Hacerse responsable de un nombramiento, no es solamente elegir bien a la persona que ejercerá un cargo, sino también hacerse responsable del ejercicio de quien se designa. La responsabilidad es mayor si se tienen los medios para corregir si resulta inadecuado.

La responsabilidad se da en la elección y en la vigilancia del designado. Se pueden cometer errores en las acciones, pero también se cometen errores en defecto, esto es, cuando debiendo y pudiendo actuar no se pone el remedio a tiempo.

Es en estas circunstancias cuando los errores de otros se vuelven errores propios y se entra en la espiral, una más, en la historia de los fracasos.