Elección judicial 2025: un informe

Artículo publicado en Nexos

El informe elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín Pino, documenta, analiza y evidencia que la elección judicial de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral (TEPJF) fue una simulación controlada.

Con base en un análisis estadístico el estudio demuestra lo siguiente:

• Un comportamiento homogéneo en las tres elecciones nacionales, que se reproduce con tal regularidad y simetría que resulta estadísticamente imposible en un escenario de sufragio libre y auténtico.
• De las 84 000 casillas instaladas en más de 16 400 casillas ganaron los nueve candidatos oficiales.
• En casi 44 000 casillas ganaron al menos seis de los nueve candidatos oficiales.
• A nivel estatal, los extremos son escandalosos si se analiza a partir de las casillas instaladas que se controlaron:
  • 9 de 9 ganadores: Guerrero (65.9 %), Puebla (54.92 %), Campeche (53.61 %), Yucatán (53.57 %), Tamaulipas (47.97 %), Zacatecas (44.91 %), Sinaloa (43.08 %) y Tabasco (42.4 %).
  • 6 de 9 ganadores: Aguascalientes (97.12 %), Quintana Roo (85.94 %), Guerrero (84.83 %), Oaxaca (80.77 %), Tamaulipas (78.95 %), Sinaloa (74.73 %), Yucatán (73.89 %), entre otros, con un patrón que en 24 estados supera el 47 % de las casillas instaladas.

Desde el punto de vista de fiscalización se revela una comparativa contundente:

• Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, gastó 334 millones de pesos para obtener 6 millones 200 000 votos.
• El ganador a la SCJN gastó 371 000 pesos para obtener 6 millones 195 000 votos.
• Esto es aún más sorprendente considerando que en la elección judicial:
  • No hubo estructura partidista para cubrir casillas.
  • No hubo pauta en redes sociales, ni acceso a radio o televisión.
  • No hubo debates ni eventos masivos.
  • Los candidatos eran desconocidos a nivel nacional.

En el informe se concluye, entre otras cuestiones, que:

El deterioro en la confianza ciudadana, la sumisión del poder judicial y la normalización de prácticas fraudulentas constituyen un daño irreparable cuyo impacto real sólo podrá medirse en los próximos años.

Más allá de las cifras, perder el Estado de derecho es probablemente el costo más alto que puede pagar una nación: es un costo intangible.

Existieron costos ocultos para controlar más del 50 % de la casillas instaladas y no se puede determinar el costo real de la intervención del crimen organizado y actores en el resultado de la elección.