El CIDE y la autonomía

Artículo publicado en Milenio, el día 19 de enero de 2022.

La gobernanza de las instituciones académicas requiere construir un delicado equilibrio entre experiencia, conocimiento, deliberación e inclusión. Por eso se privilegia la existencia de órganos colegiados. Se trata de evitar la intervención y concentración del poder, al mismo tiempo que asegurar espacios que garanticen la inclusión y el ejercicio de las libertades de investigación, cátedra y expresión.

A lo largo de décadas, las instituciones académicas en nuestro país han generado diversos modelos de gobernanza. El ancla de esta construcción es la autonomía que la Constitución les reconoce y que se define como “la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas” para poder cumplir sus funciones de investigar, educar y difundir la cultura.

La concepción que tiene la Constitución de la autonomía universitaria está en línea con los estándares internacionales. Muy recientemente, en diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los “Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria” (bit.ly/3rmJKvK). En ellos se reconoce que “la autonomía es un requisito indispensable para la libertad académica y funciona como garantía para que las instituciones de educación superior cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento”.

La Ley de Ciencia y Tecnología otorga a los 26 centros públicos de investigación “autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa”. Asimismo, diversas disposiciones de la ley confirman que estos centros tienen capacidad de autogobernarse dentro de ciertos márgenes. En ejercicio de esa facultad el CIDE construyó un modelo de gobernanza que explica en buena parte su éxito. 

El CIDE es un ejemplo de lo que es posible lograr mediante años de institucionalización con políticas académicas sostenidas, procesos de decisión colegiados y deliberativos, así como mecanismos de evaluación rigurosos. Cierto, es un modelo que puede y debe evolucionar. Así lo reconoció, desde 2020, la propia comunidad en el reporte final de la Comisión sobre el Futuro del CIDE, que planteaba reformas significativas a su organización para tener una gobernanza más incluyente.

Nada de esto parece importarles a las autoridades de Conacyt. En otro capítulo del asalto al CIDE pretenden modificar sus estatutos sin consultar previamente a la comunidad. Siguiendo la práctica de la 4T (si una norma estorba ignórala o cámbiala), el desprecio por los procedimientos y las reglas da paso a la tentación autoritaria que busca homogeneizar y controlar. Muy probablemente en los próximos meses asistiremos al debate en el Congreso de un proyecto de nueva ley de “humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”. El sentido de ese proyecto mostrará el talante de quienes desprecian la libertad académica y la autonomía, y que parecen ser el signo de lo tiempos en buena parte del continente.