El Big Brother mexicano

Artículo publicado en el periódico Milenio, el día 12 de mayo del 2021.

En el futuro próximo, estimado lector, si usted quiere contratar un celular (o conservar el que tiene), tendrá que proporcionar a la compañía telefónica todos sus datos de identificación, incluyendo los biométricos (como huellas digitales o iris), para que sean integrados en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Éste podrá ser consultado por policías y fiscalías, sin requerir la orden de un juez. Si se rehúsa a proporcionar sus datos, pues simplemente no tendrá celular.

¿A quien se le ocurrió esta idea? A las autoridades de seguridad pública, con el apoyo de Morena y sus aliados, quienes aprobaron un conjunto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que dieron vida a un sistema normativo que permite, como nunca antes, la intromisión del Estado en la vida privada de las personas. Todo ello, bajo el supuesto que estas medidas ayudarían a combatir a la delincuencia, hipótesis que los legisladores no se molestaron en justificar.

Estas reformas contravienen diversas disposiciones constitucionales. Sería largo enumerar las razones, pero baste señalar que se vulneran el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la autodeterminación informativa (cada persona tiene el derecho a usar sus datos personales en la medida que lo estime conveniente), el derecho de acceso a las telecomunicaciones, así como diversas dimensiones del principio de legalidad. Toda nuestra vida privada queda registrada en los celulares y potencialmente está a disposición de las autoridades.

Quizá todavía mas grave es la violación a la presunción de inocencia, pues la reforma genera la presunción legal de que cualquier actividad realizada con el teléfono es atribuible a la persona que aparece como titular de la línea telefónica (art. 180 bis de la LFT).

Diversos precedentes internacionales establecen que la conservación indiscriminada de datos personales es violatoria de varias libertades fundamentales y que, si bien es posible registrar y retener datos, estos deben estar sujeto a condiciones temporales, geográficas y materiales específicas. La salvaguarda de la seguridad pública no justifica cualquier medida y menos cuando esta tiene un carácter general, indiscriminado y permanente.

¿Qué podemos hacer? Puesto que los legisladores ya decidieron, como ciudadanos nos queda ampararnos. Esto no es conservadurismo ni nos convierte en opositores. Es usar la vía institucional para activar la protección de nuestros derechos. Por fortuna, varios grupos de abogados y organizaciones han preparado, bajo diversas modalidades, amparos a los que usted se puede sumar. Entre otras alternativas puede enviar un correo a [email protected], o bien consultar la página www.amparomisdatos.mx. Si se quiere sumar el tiempo corre. La fecha límite es el 21 de mayo.