Cinismo constitucional

Artículo publicado en Milenio, el día 17 de agosto de 2022.

“Entendamos por cometer injusticia el hacer daño voluntario contra la ley”

Aristóteles, Retórica.

El presidente López Obrador protestó, según reza el artículo 128 constitucional, “guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. No es un mero formalismo. Es un acto solemne que tiene un profundo significado. Implica el compromiso del jefe del Estado de conducirse conforme a derecho. Es el reconocimiento público que ejercerá un poder limitado por las normas constitucionales. Es admitir que en la República prevalece el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres.

La semana pasada, varias declaraciones del presidente López Obrador en torno a la Guardia Nacional indican que puede romperse esa delgada línea entre un gobierno legítimo y uno que, para alcanzar sus propósitos, rompe el orden constitucional y contraviene su protesta solemne.

Primero fue el anuncio de un decreto presidencial que ordenaría hacer lo que la Constitución prohíbe: adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y convertirla en un cuerpo militar. Después matizó: enviaría una propuesta de reforma constitucional y, en caso de no ser aprobada (situación que sabe sucederá), presentaría una iniciativa de ley. Morena tiene los votos suficientes para aprobarla. Y si hubiera dudas de su constitucionalidad, dijo el presidente, pues entonces que se controvierta y que decida la Suprema Corte.

La ruta trazada raya en el cinismo constitucional. El presidente apuesta por los decretos presidenciales o las reformas legales para alcanzar sus convicciones, aunque impliquen violentar el orden constitucional. Y calcula que la intervención judicial llegará después, demasiado tarde. A nivel discursivo, quienes se opongan serán estigmatizados como conservadores, opositores o hasta traidores a la patria. Y mientras, las ruedas que permitirán militarizar la seguridad pública seguirán funcionando.

Quizá lo más delicado es que este curso de acción se vuelve recurrente. Solo como ejemplo, mencionó el decreto por el que suspendió la aplicación de las leyes resultado de la reforma educativa. O la controvertida reforma energética, cuya constitucionalidad, por cierto, sigue en duda.

En esta columna hemos sostenido que la transformación propuesta por la 4T requería de reformas constitucionales de gran calado y para eso se necesitaba tener mayorías muy amplias. Sin embargo, también advertimos que el Presidente intentaría ganar en los hechos lo que no ha logrado por la vía del derecho. Imponer mejor que negociar. Me temo esa será en adelante la ruta.

Si no hay respeto a la Constitución, ¿qué podemos esperar de la conducción del gobierno en otros temas complejos, como la salud, la economía o la materia electoral? Nos queda defender cada derecho conquistado. Lo que está en juego es el Estado de derecho mismo. Y eso importa.