CIDE, ENAH, la educación superior

Artículo publicado en La Silla Rota, el 4 de enero del 2022.

Si bien las situaciones problemáticas en el CIDE y en la ENAH tienen razones domésticas distintas: la designación irregular del Director General, en el primero y la limitación presupuestal, en el caso de la segunda; sin embargo, una apreciación más general, permite ver los elementos comunes: la política gubernamental hacia la educación superior.

La austeridad y el control son las acciones comunes que como justificación y, en su caso, están presentes en general. Para la educación superior, lo que expresa de mejor manera cuáles son las ideas centrales y las acciones detrás de los problemas están en los presupuestos anuales, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación recientemente publicado y el Proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborado por el CONACyT.

Si se examina el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del cual depende el presupuesto de la ENAH, puede apreciarse en la asignación en los últimos cinco años, según datos de los correspondientes Presupuestos de Egresos:

2018 156,052,655

2019 140,341,488

2020 129,010,182

2021 129,993,838

2022 136,959,921

En términos reales el presupuesto dedicado al sector antropología e historia ha disminuido. Si a esto se suman las disposiciones de la legislación en materia de austeridad, que establecen restricciones para la contratación de eventuales, por ejemplo, se explica claramente la raíz del problema de la ENAH.

Aun cuando el discurso y uso de los símbolos es recurrente en la invocación a los pueblos originarios, la cultura prehispánica, la petición de disculpas a la monarquía española, la ceremonia frente a la maqueta del Templo Mayor en el zócalo de la Ciudad de México, no se ha concretado en mayor apoyo a la investigación antropológica o arqueológica. Por el contrario, ha disminuido. La reciente desaparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) se agrega a las acciones que contradicen el discurso.

Si pasamos a la apreciación de las políticas que en materia de ciencia y tecnología ha formulado este gobierno, la antropología o la arqueología están igualmente ausentes. El recientemente publicado Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación solamente menciona al INAH como parte del listado de entes públicos que realizan investigación científica, pero no presenta desarrollos en las funciones del INAH o de la ENAH como las instituciones públicas especializadas en materia de antropología, arqueología o los saberes tradicionales.

Es probable que en el siguiente periodo de sesiones se discuta la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ha sido elaborada por el CONACyT. En su diseño se eliminan diversas instancias colegiadas que posibilitan la participación de las comunidades científicas. Se propone el control centralizado de las políticas, acciones, y definiciones en materia de ciencia y tecnología desde las instancias de gobierno. Un control y una política burocrática como forma de establecer las grandes definiciones y orientaciones.

El diseño de la política científica desde el poder y para el poder, conducirá a escenarios más frecuentes y de mayor calado que los que ahora vemos en el CIDE o en la ENAH. La política en ciencia, tecnología y humanidades subordinada a las necesidades de traslado de recursos a proyectos prioritarios de infraestructura, es en realidad una renuncia a hacer política científica en serio